"Moñona" es una jugada
que se conoce en el tradicional deporte del tejo criollo, cuando el tejo detona
la mecha y simultáneamente queda inserto en el bocín, obteniéndose los 9 puntos
que permiten al participante ganar de inmediato el juego. "Moñona" es
lo que están haciendo las secretarías de tránsito municipales y departamentales
cuando obligan al infractor que no cuenta con el SOAT, no solo a pagar la multa
por la infracción, sino también a comprarlo como condición para hacerle entrega
del automotor inmovilizado.
La infracción que policías y
guardas de tránsito imponen a los conductores por no contar el SOAT está
contemplada en el Código Nacional de Tránsito, Ley 769 de 2002 en su artículo
131 modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010 de la siguiente
manera:
Los
infractores de las normas de tránsito serán sancionados con la imposición de
multas, de acuerdo con el tipo de infracción así:
(...)
D. Será con
multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV)
el conductor y/o propietario de un vehículo automotor que incurra en cualquiera
de las siguientes infracciones:
(...)
D.2. Conducir
sin portar los seguros ordenados por la ley. Además, el vehículo será
inmovilizado.
En cuanto a la inmovilización, el
artículo 125 de este mismo Código establece que consiste en suspender
temporalmente la circulación del vehículo por las vías públicas o privadas
abiertas al público y que para tal efecto:
(...) el
vehículo será conducido a parqueaderos autorizados que determine la autoridad
competente, hasta que se subsane o
cese la causa que le dio origen, a menos que sea subsanable en el sitio
que se detectó la infracción.
(...)
La orden de
entrega del vehículo se emitirá por la autoridad de tránsito competente, previa
comprobación directa de haberse
subsanado la causa que motivó la inmovilización (...)
Nótese pues que lo único que la
norma exige para la entrega del automotor inmovilizado es que subsane la causa
que motivó la imposición de la sanción. Se preguntará entonces el lector ¿cómo
se subsana la causa que da lugar a la imposición de la sanción por no contar el
conductor con el SOAT sino es con la compra del mismo?
En ese sentido, el lector debe ser
muy cuidadoso con tal interpretación y comprender que no es absoluta, pues si
bien es cierto que con la compra del SOAT se subsana la causa que dio origen a
la imposición de la sanción, también lo es, que la misma se puede subsanar si
el conductor no conduce el automotor hasta que no compre dicho seguro. Para una
mejor comprensión es preciso volver a transcribir la infracción:
D.2. Conducir sin portar los seguros
ordenados por la ley. Además, el vehículo será inmovilizado. (Subrayas fuera del original)
Nótese
pues que la infracción se impone cuando el conductor conduce el vehículo sin
contar con el respectivo seguro. Así pues, para no incurrir en dicha infracción
el conductor puede optar por: o contar con el SOAT para conducir, o abstenerse
de conducir el vehículo mientras no tenga el SOAT. Con lo anterior quiero dar a
entender que, si a usted señor conductor le imponen un comparendo y le
inmovilizan el automotor por no contar con el SOAT, usted tiene dos opciones
para subsanar la situación: o comprar el
seguro para retíralo de los patios y seguirlo conduciendo, o retirarlo de los
patios en una grúa con destino a su casa o parqueadero y no ponerlo en
circulación hasta que no compre el seguro.
Esta
apreciación no deviene descabellada, pues independientemente de que las
autoridades de tránsito exijan como requisito el SOAT vigente para la entrega
del vehículo inmovilizado, lo cierto es que no existe en el ordenamiento
jurídico norma expresa que textualmente indique que al conductor que le impongan
un comparendo y le inmovilizan el vehículo por no contar con dicho seguro deba
comprarlo para retirarlo de los patios.
Ahora bien, el valor a que
asciende hoy en día este seguro es tan desproporcionado que incluso supera la
mitad del salario mínimo legal mensual vigente o lo iguala, dependiendo del
cilindraje del automotor, y lo grave es que cada año aumenta sin control. Por
lo que la exigencia de su pago inmediato afectaría el mínimo vital de
subsistencia de la mayoría de conductores colombianos que solo devengan este
ingreso irrisorio.
Como corolario de lo anterior la Honorable
Corte Constitucional de Colombia en su jurisprudencia vinculante ha señalado
que las autoridades de tránsito no están llamadas a exigir el pago de la multa
por la comisión en infracciones de tránsito como condición para la entrega de
automotores inmovilizados.
Para la Corte Constitucional la
anterior exigencia constituye un exceso de las autoridades de tránsito y una
medida desproporcionada que posibilita restringir derechos fundamentales hasta
llegar al desconocimiento de los mismos en ciertos casos, con el objetivo de
lograr el pago de la sanción pecuniaria impuesta. En efecto, en sentencia C-799 de 2003 indicó que tal exceso se revela en lo
siguiente:
(...) la inmovilización del
vehículo con el que se cometió la infracción son medidas administrativas que
conllevan una restricción fuerte de la libertad de circulación, y que en
ciertos casos pueden implicar también una limitación del derecho al trabajo,
limitaciones estas que sólo pueden ser evitadas pagando inmediatamente la multa
impuesta. Empero (...) en ocasiones las multas alcanzan cuantías que equivalen
a un salario mínimo mensual legal vigente, lo que hace fácil presumir que para
la población cuyo ingreso mensual es éste, o se acerca a éste, su pago sólo
puede lograrse a costa del sacrificio del mínimo vital de subsistencia.
De acuerdo con la Corte, mantener
inmovilizado el vehículo con el que se comete una infracción de tránsito hasta
que se haga efectivo el pago de la multa "tolera
la afectación o amenaza de afectación del núcleo esencial de ciertos derechos
fundamentales implicados en la percepción del salario mínimo". En esta
misma sentencia la Corte señaló que dentro de la población de conductores:
(...) una amplia proporción deriva
su sustento de ingresos equivalentes o cercanos a la suma fijada como salario
mínimo mensual legal. Este grupo de
conductores se ve ante la siguiente disyuntiva: o pagar inmediatamente la multa con afectación de su mínimo vital de
subsistencia, o verse expuesto a la limitación indefinida de su libertad de
circulación y, en ciertos casos, privado de su elemento de trabajo.
(Subrayas fuera del original).
Así pues, la Corte encontró que
constituye una desproporción de las atribuciones administrativas, mantener
inmovilizado el vehículo de los infractores de tránsito que se hallen en mora
de cancelar la sanción de multa, y que, de aceptarlo así, se desconocería la
realidad socioeconómica de un grupo importante de conductores que no están en
igualdad de condiciones frente al pago inmediato de obligaciones pecuniarias
como las multas a que se refiere el Código Nacional de Tránsito Terrestre. Al
respecto sostuvo en esta misma providencia que las autoridades no pueden:
(...) soslayar la situación de
penuria económica y debilidad manifiesta por la que atraviesa un sector de la
población, imponiendo a su cargo
sanciones pecuniarias que no está en posibilidad de atender inmediatamente. (Subrayas
fuera del original).
Y
es que tal argumento de la Corte ha sido reiterado por El Ministerio de Transporte.
En concepto 20101340008891 del 14 de enero de 2010, indicó que el Código Nacional de Tránsito en su artículo 125
no faculta a las autoridades de tránsito para exigir el pago de las multas como
condición para la entrega del automotor inmovilizado. Sobre ello sostuvo:
“(…) De conformidad con el
artículo 125 del CNT, el vehículo sólo se entregará cuando se subsane la falta
y se pague el valor de la grúa y del patio (…) este despacho considera que no
es procedente condicionar la entrega de un vehículo inmovilizado al pago de
multas por concepto de infracciones al tránsito, pero sí al pago de la grúa y
el patio (…)
¿Se preguntará entonces el lector
si las autoridades de tránsito no pueden exigir el pago inmediato de la multa
para entregar el vehículo inmovilizado cual es el procedimiento para hacer
efectivo el pago?
Ante tal cuestión la Corte
Constitucional puntualizó que existe otro mecanismo jurídico para lograr el
pago de las multas, que resulta mucho menos restrictivo del derecho a la libre
circulación de los conductores y de su derecho al trabajo cuando este implica
la conducción de vehículos automotores, sin poner en riesgo el mínimo vital de
subsistencia de las personas en ningún caso. El mecanismo a que hace alusión la
Corte es el contemplado en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002 el cual
dispone que:
Los organismos de tránsito
“podrán” hacer efectivas las multas por razón de las infracciones previstas en
el Código Nacional de Tránsito Terrestre, a través de la jurisdicción coactiva,
con arreglo a lo que sobre ejecuciones fiscales establece el Código de
Procedimiento Civil. (hoy Código General del Proceso)
Entiende la Corte que, si la misma
ley establece que el cobro de multas por infracciones de tránsito puede
lograrse a través de la jurisdicción coactiva, debe entenderse que la
inmovilización del vehículo es un instrumento adicional y coetáneo para lograr
el pago de las mismas, y por lo tanto no aparecen como estrictamente
necesarios.
Para información del lector, la
jurisdicción coactiva es un privilegio exorbitante de la Administración pública
que le permite cobrar directamente, es decir sin intervención judicial, las
deudas a su favor y que entrega a las autoridades un mecanismo efectivo y
suficiente para lograr el pago de una multa.
No bastando así, la Corte ha
indicado que existe otro mecanismo adicional para lograr el pago coactivo de
multas impuestas a sus titulares, como lo es la exigencia de renovación de la
licencia de conducción que hace el Código Nacional de Tránsito Terrestre en su
artículo 22 modificado por el artículo 197 del Decreto 19 de 2012, trámite para
el cual es menester haber cancelado las multas impuestas como sanción por
infracciones de tránsito, pues al tenor del citado artículo:
(...) Las licencias de conducción
se renovarán presentando un nuevo examen de aptitud física, mental y de
coordinación motriz, y previa validación en el sistema RUNT que Ia persona se encuentra al día por
concepto de pago de multas por infracciones a las normas de tránsito,
debidamente ejecutoriadas. (Subrayas fuera del original).
A renglón seguido el artículo 23 modificado por el
artículo 198 del Decreto 19 de 2012 establece:
(...) no se renovará o
recategorizará la licencia de conducción mientras subsista una sanción contra su
tenencia o si el titular de la misma
no se encuentre a paz y salvo por concepto de multas por infracciones de
tránsito, debidamente ejecutoriadas. (Subrayas
fuera del original).
Y es que incluso este mecanismo no se agota en el
trámite de renovación o recategorizacion de la licencia de conducción, sino que
se extiende a todo trámite ante las autoridades de tránsito, pues continúa este
artículo señalando que:
(...) Para los trámites de tránsito
que lo requieran, se entenderá que la persona se encuentra a paz y salvo cuando
ésta no posea infracciones de tránsito(...)
En suma, las facultades concedidas
a la Administración para lograr el pago forzado de las multas incluyen las
siguientes atribuciones: (i) acudir al proceso de ejecución coactiva; y (ii) no
renovar o recategorizar la licencia de conducción, ni adelantar ningún otro
trámite de tránsito si no se han cancelado las multas pendientes. Aquí se incluye también la multa por falta de SOAT luego no puede exigirse su pago inmediato, ni exclusivamente su compra como condición para la entrega del vehículo inmovilizado.
|