Como
bien lo entiende la jurisprudencia nacional, el acoso laboral constituye una
práctica mediante la cual, se ejercen publica o privadamente contra un
trabajador, actos de violencia psicológica de manera recurrente o sistemática,
con el alcance de llegar a ser físicos, que buscan a acabar con su reputación
profesional o autoestima, agresiones que incluso pueden desencadenar en
enfermedades profesionales, y que, en muchos casos, inducen al trabajador a
renunciar.
El
artículo 7 de la Ley 1010 de 2006 y que consagra las conductas constitutivas de
acoso laboral, establece que si se
acredita la ocurrencia reiterada y pública de cualquiera de tales conductas, se
presumirá la existencia de acoso laboral, mientras que cuando las mismas
ocurran de manera privada, dicha presunción no operará y corresponderá a la
víctima acreditar, por los medios probatorios contemplados en el artículo 165
Código General del Proceso, que la
agresión a que se ha visto sometida, configura acoso laboral.
En ese
sentido, la víctima de acoso laboral ejercido de manera privada tendrá como
medios para acreditar la conducta ante la autoridad competente y en cuanto
fuere procedente: la declaración de parte, la confesión, el juramento, el
testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los
documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean
útiles para la formación del convencimiento del juez.
Así lo
estimó la Corte Constitucional en la Sentencia C-780 de 2007, al señalar que la
presunción de acoso laboral opera de manera automática pero solo en los casos
en que se acredita la ocurrencia, de manera reiterada y pública de cualquiera
de las conductas descritas en el artículo 7°.
Indico
que, si por el contrario se demuestra su ocurrencia en privado, por mencionados
medios de prueba, no existirá la presunción de que las mismas configuren acoso
laboral, por lo tanto, corresponderá a la presunta víctima asumir una carga
argumentativa adicional tendiente a ofrecer al juez los elementos de juicio
suficientes y necesarios para que llegue a la convicción de estar ante una de
las modalidades de acoso laboral.
A
juicio de la Corte, la exclusión de las conductas ocurridas en privado, de la
presunción de acoso laboral consagrada en el artículo 7°, se justifica no a
partir de la consideración de que estos actos carecen de capacidad de ofender
los bienes jurídicamente protegidos por la Ley, sino en la circunstancia de que
los mismos si bien son igualmente lesivos de garantías fundamentales, no son
igualmente evidentes ni manifiestos.
Así
las cosas, al ofendido por conductas que hayan tenido lugar a puerta cerrada,
le corresponderá desplegar una actividad probatoria mayor para hacer valer sus
derechos en los procedimientos establecidos para el efecto, en tanto debe
acudir, para demostrar la ocurrencia de la conducta, a los medios probatorios
contemplados en el artículo 165 Código General del Proceso. En todo caso, sea
que la conducta de acoso ocurra en público o en privado, debe acreditarse en el
respectivo procedimiento. Al respecto, en la aludida sentencia la Corte
puntualizó:
(…) es
necesario precisar que tanto las conductas que sean desplegadas en público,
como aquellas que lo sean en privado, para que constituyan acoso laboral, deben
ser demostrables y que dentro del procedimiento iniciado con la denuncia de los
hechos ante la autoridad competente, quien haya sido víctima en una u otra
circunstancia no se encuentra eximido de acreditar la ocurrencia de los mismos,
esto es, en ninguno de los dos casos el quejoso se ve relevado de demostrar que
la situación alegada cae en el supuesto del hecho indicador (…)
Queda
claro entonces, que los hostigamientos que se pretendan hacer valer como
conductas constitutivas de acoso laboral ocurridas en privado, deben ser
acreditados, al igual que deben serlo las que han tenido lugar en público. Así
pues, los derechos de los presuntos ofendidos por conductas que constituyan
acoso laboral en privado no quedan en ningún caso desprotegidos, pues cuentan
con una amplia gama de medios probatorios para acreditar la ocurrencia de los
hechos y mostrar, además, que los mismos configuran la conducta de acoso
laboral.
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