Están
contempladas en el artículo 7 de la Ley 1010 de 2006 cuyos alcances, según la
jurisprudencia nacional, tienen una capacidad elevada de atentar de manera
grave contra los derechos esenciales del ser humano. Así como de afectar
considerablemente la integridad psicológica y aún física de la víctima del
acoso. Dicho artículo las describe así:
a) Los actos de
agresión física, independientemente de sus consecuencias;
b) Las expresiones
injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con utilización de palabras soeces o
con alusión a la raza, el género, el origen familiar o nacional, la preferencia
política o el estatus social;
c) Los comentarios
hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en presencia
de los compañeros de trabajo;
d) Las
injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros de
trabajo;
e) Las múltiples
denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso, cuya
temeridad quede demostrada por el resultado de los respectivos procesos
disciplinarios;
f) La
descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de las
propuestas u opiniones de trabajo;
g) las burlas
sobre la apariencia física o la forma de vestir, formuladas en público;
h) La alusión
pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona;
i) La imposición
de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales, las
exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor
encomendada y el brusco cambio del lugar de trabajo o de la labor contratada
sin ningún fundamento objetivo referente a la necesidad técnica de la empresa;
j) La exigencia de
laborar e n horarios excesivos respecto a la jornada laboral contratada o
legalmente establecida, los cambios sorpresivos del turno laboral y la
exigencia permanente de laborar en dominicales y días festivos sin ningún fundamento
objetivo en las necesidades de la empresa, o en forma discriminatoria respecto
a los demás trabajadores o empleados;
k) El trato
notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en cuanto al
otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes
laborales;
l) La negativa a
suministrar materiales e información absolutamente indispensables para el
cumplimiento de la labor;
m) La negativa
claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por enfermedad,
licencias ordinarias y vacaciones, cuando se dan las condiciones legales,
reglamentarias o convencionales para pedirlos;
n) El envío de
anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido injurioso,
ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una situación de aislamiento
social.
De
acuerdo con la Ley, si se acredita la ocurrencia reiterada y pública de
cualquiera de las conductas anteriormente expresadas, se presumirá la
existencia de acoso laboral. En tanto que, cuando las mismas hayan ocurrido de
manera privada, dicha presunción no operará y corresponderá al ofendido
acreditar por los medios probatorios contemplados en el Código General del
Proceso, que el hostigamiento a que se ha visto sometido configura acoso
laboral.
Pero
las conductas constitutivas de acoso laboral no se limitan a las que tipifica
el artículo 7 de la Ley 1010 de 2006 en la medida que, el mismo señala que en los demás casos no enumerados
en ese artículo, la autoridad competente deberá valorar, según las
circunstancias del caso y la gravedad de las conductas denunciadas, la
ocurrencia del acoso laboral.
Ahora
bien, no es absoluto que tengan que verificarse la ocurrencia dos o más de las
conductas descritas para presumir el acoso, toda vez que, la Ley dispone que de
manera excepcional un sólo acto hostil bastará para acreditarlo, para lo cual,
la autoridad competente apreciará tal circunstancia, según la gravedad de la
conducta denunciada y su capacidad de ofender por sí sola la dignidad humana,
la vida e integridad física, la libertad sexual y demás derechos fundamentales.
Se
trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos fundamentales
al presunto ofendido con la conducta reiterada pública o privada de acoso, con
lo cual se protege a quien los ve lesionados, bajo estas circunstancias
particularmente trasgresoras de la dignidad humana, la vida e integridad física
y demás derechos fundamentales.
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